Camilo Romero denuncia politización tras sanción de la Procuraduría por irregularidades en 2016

El embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, ha calificado como politizada la decisión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de imponerle una suspensión de cuatro meses por irregularidades en la adjudicación de un contrato para la comercialización de 80,000 cajas de Aguardiente Nariño en 2016. A través de un video publicado en sus redes sociales, Romero afirmó que la sanción es resultado de un proceso politizado y cuestionó el papel del Ministerio Público.

Romero celebró que, tras varios años, finalmente se cerrara el proceso en su contra, pero criticó que la decisión de la Procuraduría incluyera una sanción a pesar de no haberlo encontrado culpable de alguna acción irregular directa. Según el exgobernador, la sanción fue impuesta por una supuesta omisión y aseguró que la intención era no “dejarlo limpio” del todo, optando por imponerle una multa.

El diplomático también aclaró que la sanción no implica su destitución como embajador en Argentina, y que la Procuraduría había emitido un comunicado tendencioso que daba lugar a malinterpretaciones, sugiriendo que su puesto estaba en riesgo.

La mañana del 8 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción impuesta a Camilo Romero, quien fue gobernador de Nariño entre 2016 y 2019. La sanción deriva de la investigación de un contrato adjudicado en 2016 para la comercialización de 80,000 cajas de aguardiente. Según el ente de control, el proceso de selección de la empresa encargada se llevó a cabo sin la transparencia y competitividad necesarias.

De acuerdo con el fallo de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, el contrato fue adjudicado a la Organización de Licores de Nariño S.A.S., sin que se hubiera garantizado un proceso de selección adecuado y con libre concurrencia de oferentes. Solo una empresa tuvo acceso a la información clave para la venta del licor, lo que violó los principios de igualdad en el proceso.

La Procuraduría señaló que la administración de Romero no garantizó la correcta supervisión ni el control adecuado del proceso, y acusó al exgobernador de omitir la vigilancia sobre el secretario de Hacienda departamental encargado en ese momento.

El fallo calificó la conducta de Romero como una falta grave, cometida a título de culpa grave por no actuar con la diligencia necesaria en la supervisión del proceso de selección. Como consecuencia, se le impuso una multa equivalente a 31,859,152 pesos correspondientes a salarios devengados durante el periodo en que ocurrieron los hechos.

Romero sigue defendiendo su gestión, pero la decisión de la Procuraduría pone en duda su manejo de los contratos durante su mandato como gobernador, añadiendo una nueva polémica en torno a su carrera política.