En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y mejorar el control migratorio, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitirá el intercambio de información biométrica de migrantes y criminales transnacionales. Este pacto busca combatir redes delictivas y optimizar la identificación de personas en situación irregular.
El documento fue suscrito en el Palacio de San Carlos en Bogotá durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien se reunió con el presidente Gustavo Petro y la canciller colombiana Laura Sarabia. La iniciativa permitirá compartir datos como huellas dactilares y otros identificadores biométricos, con el objetivo de frenar las actividades de organizaciones criminales que operan en las fronteras de ambos países.
Durante la firma del acuerdo, Noem destacó que esta cooperación facilitará la detección de criminales y organizaciones delictivas sofisticadas, fortaleciendo así la seguridad binacional. Por su parte, la canciller Sarabia resaltó la importancia del respeto a los derechos humanos en la aplicación del convenio, especialmente en el trato hacia los migrantes colombianos afectados por procesos de deportación.
Este pacto se suma a otras medidas bilaterales de seguridad y migración, como el programa Angel Watch, implementado en 2024 para impedir la entrada de ciudadanos estadounidenses con antecedentes por delitos sexuales. Sin embargo, la falta de transparencia en el contenido del documento ha generado inquietudes en algunos sectores, ya que el alcance del intercambio de información sigue siendo reservado.
En el contexto de esta cooperación, la administración de Donald Trump ha expresado su expectativa de que Colombia refuerce el combate contra el narcotráfico y la migración irregular. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 10 % entre 2022 y 2023, lo que refuerza la percepción de EE.UU. sobre el rol de Colombia en la producción y exportación de cocaína.
En paralelo, el gobierno colombiano y EE.UU. avanzan en otras negociaciones relacionadas con la migración. El vicecanciller Daniel Ávila informó que Washington ha mostrado disposición para cofinanciar los vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos deportados, además de colaborar en el acceso a bases de datos estadounidenses sobre trata y tráfico de personas. Ávila enfatizó que Colombia mantendrá el control estatal de la información de sus ciudadanos y garantizará el respeto a los derechos humanos en estos procesos.
El presidente Petro y la canciller Sarabia tienen previsto reunirse con el gobierno de Panamá para coordinar acciones en la región del Tapón del Darién, un punto estratégico en la ruta migratoria hacia Norteamérica. Las estrategias conjuntas buscan reducir el flujo irregular y combatir el crimen organizado que opera en la zona.
A pesar de las diferencias políticas entre ambos gobiernos, la cooperación en materia de seguridad y migración continúa fortaleciéndose, en un contexto donde Colombia enfrenta presiones internas y externas para demostrar avances en el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico.