Empresas contratistas como TESA INGENIERÍA S.A.S., Logística y Transportes MJ S.A.S. y Geotan S.A.S. expresaron su preocupación por la falta de pagos en los servicios prestados para la primera línea del Metro de Bogotá. Malky Alvarado, representante de MJ S.A.S., señaló que el Consorcio Proyecto Metro (CPM), responsable de las deudas, les informó sobre una posible reunión para gestionar el pago de una factura de mil millones de pesos antes del 15 de marzo; sin embargo, el acta aún no ha sido firmada.
El CPM manifestó dificultades para recibir los fondos necesarios del consorcio chino Metro Línea 1 S.A.S. (ML1), encargado del proyecto, lo que ha impedido cumplir con las obligaciones financieras hacia los subcontratistas. Esta situación ha generado tensiones y amenazas de suspensión de actividades si no se alcanza un acuerdo antes de iniciar acciones legales.
Actualmente, la empresa Metro de Bogotá mantiene relaciones laborales con más de 400 contratistas a través de ML1, muchos de los cuales operan mediante contratos adquiridos por intermediarios como el CPM. Estos subcontratistas son responsables de labores esenciales como excavación, redes, topografía, maquinaria y transporte.
La falta de pagos llevó a los contratistas a buscar asesoría legal y solicitar reuniones urgentes con los directivos de ML1 para resolver la situación. De no llegarse a un acuerdo, las empresas afectadas podrían suspender sus actividades, lo que pondría en riesgo el avance de la obra.
Por su parte, ML1 emitió comunicados asegurando que no existen problemas con los subcontratistas y que todos los pagos correspondientes a sus servicios han sido realizados conforme a lo pactado.
La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá es un proyecto de infraestructura clave para la ciudad, con el potencial de transformar la movilidad de millones de habitantes. Sin embargo, los desafíos económicos actuales podrían poner en peligro su conclusión y afectar la viabilidad de otros proyectos similares en el futuro.
La administración local podría intervenir directamente en el conflicto, buscando una solución que permita garantizar la continuidad del proyecto y, al mismo tiempo, proteger los intereses de las empresas colombianas afectadas. La participación activa de todas las partes involucradas es fundamental para lograr un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.