Controversia por declaraciones del Ministro de Salud sobre la patria potestad: críticas de Vicky Dávila y políticos de oposición

El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), ha puesto en marcha una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla para evitar posibles contagios en 388 municipios del país. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió sobre la gravedad de la enfermedad, que puede llegar a tener un índice de mortalidad de hasta el 50%, y destacó que, aunque la vacunación en adultos no es obligatoria, sí lo será para niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, lo que generó controversia fueron las declaraciones del ministro durante una rueda de prensa, en las que afirmó que, en caso de que los padres se nieguen a vacunar a sus hijos menores de edad, el Estado intervendría a través de Bienestar Familiar (Icbf). Jaramillo declaró que "la patria potestad es del Estado" cuando se trata de decisiones relacionadas con la salud de los menores de 18 años.

Esta afirmación desató una ola de críticas en redes sociales y en medios de comunicación, especialmente por parte de la periodista Vicky Dávila, quien expresó su rechazo a las palabras del ministro. "El Gobierno Petro ahora nos quiere expropiar los hijos, lo que faltaba. Infames. Nuestros hijos son nuestros. Atrevidos", escribió Dávila en sus redes sociales, acusando al gobierno de imponer un régimen totalitario.

Otras figuras políticas, como la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, también se manifestaron en contra, considerando que la postura del Ministerio de Salud vulnera la autonomía de las familias. Según Valencia, las políticas del gobierno atentan contra los derechos de los padres y buscan socavar el control de las familias sobre la educación y salud de sus hijos. "La izquierda totalitaria ataca la familia, los padres y autonomía de los niños", afirmó la congresista, quien también advirtió sobre los riesgos de las reformas impulsadas por el gobierno, como las reformas a la salud, pensional y educativa.

El Partido Conservador también se sumó a las críticas, denunciando que el ministro de Salud estaba desconociendo lo establecido en el Código Civil y el Código de la Infancia y la Adolescencia, que regulan la patria potestad y protegen los derechos de los menores. A través de un comunicado, el partido aseguró que no permitiría que se pusiera en peligro la esencia de la familia como núcleo de la sociedad y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus principios.

La controversia por estas declaraciones resalta las tensiones políticas en torno a la autoridad del Estado frente a los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la salud y la educación de los menores de edad.