La Guajira, uno de los departamentos más olvidados por el Estado colombiano, fue escenario de un escándalo de corrupción que empaño los esfuerzos por llevar agua potable a sus comunidades más necesitadas. Lo que inicialmente se presentó como una solución para mejorar las condiciones de vida de los guajiros, se ha transformado en el mayor escándalo de corrupción en los dos años del gobierno de Gustavo Petro.
En mayo de 2024, la Contraloría General de la República denunció la presunta pérdida de más de 100.000 millones de pesos destinados a proyectos de acueductos y alcantarillado en La Guajira. Esta cifra representa una parte significativa de los recursos destinados a mejorar el suministro de agua en la región.
El presidente Gustavo Petro, al referirse al escándalo, afirmó que "los cachacos que mandamos buscaron fue robarse la plata". Además, destacó que "alguien decidió que era primero el carbón que la gente", refiriéndose a las prioridades equivocadas que han afectado a La Guajira.
Este escándalo ha generado una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar el suministro de agua en La Guajira. La falta de transparencia y la desviación de recursos destinados a proyectos vitales han exacerbado la situación de las comunidades que ya enfrentan condiciones de vida precarias.
En respuesta a la crisis, el gobierno ha implementado medidas para garantizar la seguridad del agua en La Guajira, incluyendo la priorización de la protección de los sistemas de distribución de agua potable. Sin embargo, la corrupción en proyectos anteriores ha complicado la situación, retrasando la implementación de soluciones efectivas.