El pasado 28 de mayo, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 0572 de 2025, una medida que ha generado un intenso debate jurídico y político. Este decreto autoriza el adelanto del cobro de la retención en la fuente correspondiente al año 2026, con el propósito de mejorar la liquidez de la administración pública. Sin embargo, la norma ya está siendo cuestionada mediante una demanda de nulidad que pone en duda su legalidad.
La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado por el coronel retirado Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Soler solicita la suspensión provisional del decreto, argumentando que se vulnera el principio constitucional de legalidad tributaria.
Según el demandante, el decreto modifica aspectos fundamentales del tributo, como la base gravable, las tarifas y los sujetos pasivos, sin contar con la autorización del Congreso, lo que contraviene el artículo 338 de la Constitución Política. Este artículo establece que, en tiempos de paz, solo el Congreso, las asambleas y los concejos tienen la facultad de imponer tributos y definir sus elementos esenciales.
“El artículo 338 señala que solo la ley puede establecer directamente los hechos generadores, los sujetos pasivos, las bases gravables y las tarifas. Este decreto viola ese mandato”, afirmó Soler.
El decreto pretende recaudar aproximadamente 14 billones de pesos, pero expertos y gremios económicos han advertido que podría afectar significativamente las finanzas de las empresas.
Además, la medida ha recibido críticas desde el Legislativo. El senador David Luna, de Cambio Radical, anunció que también presentará una demanda ante el Consejo de Estado, calificando la norma como “confiscatoria”.
Por su parte, la congresista María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, calificó el decreto como una “expropiación” al sector empresarial y prepara una acción judicial para invalidarlo. “No podemos permitir que el Gobierno cubra el hueco fiscal sacrificando al sector productivo del país”, señaló.
El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, también anunció que presentará una demanda, argumentando que la medida obliga a los empresarios a pagar en un solo mes una retención que puede ser el doble o el triple de lo habitual, convirtiéndola en un anticipo anticipado del impuesto de renta.
El Consejo de Estado tendrá la responsabilidad de revisar si la demanda cumple con los requisitos formales para ser admitida y, en caso afirmativo, analizará la constitucionalidad del decreto, lo que podría derivar en su suspensión o anulación definitiva.
Este proceso será determinante para establecer los límites legales del Gobierno en materia tributaria y la validez de las estrategias adoptadas para enfrentar un déficit fiscal superior a los 12 billones de pesos.