Human Rights Watch instó al gobierno de Colombia a desarrollar e implementar una política integral de justicia y seguridad destinada a proteger a los civiles en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste del país. Esta zona estratégica para el narcotráfico ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una facción disidente de las antiguas FARC. Estos conflictos han resultado en decenas de secuestros, aproximadamente un centenar de muertes y el desplazamiento de más de 56,000 personas.
Desde enero, HRW ha documentado abusos generalizados cometidos por el ELN contra civiles, líderes sociales y exguerrilleros, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a suspender las negociaciones de paz con este grupo armado. Por otro lado, la disidencia de las FARC expandió su control territorial utilizando la violencia y ofreciendo infraestructura básica a las comunidades locales.
El gobierno colombiano declaró el estado de emergencia en la región y anunció planes para realizar inversiones sociales significativas, además de desplegar más tropas para contener la violencia y restablecer el orden en el Catatumbo.