La Fiscalía General de la Nación garantiza continuidad en sus servicios durante el día cívico del 18 de marzo

El 18 de marzo de 2025, día en que se esperan movilizaciones en todo el país convocadas por el presidente Gustavo Petro para promover la consulta popular, la Fiscalía General de la Nación mantendrá sus servicios de manera continua e ininterrumpida. En una circular dirigida a sus funcionarios, el ente acusador informó que sus instalaciones estarán abiertas y disponibles para atender al público en la fecha mencionada, tal como lo establece el decreto 0302 de 2025, que enumera las entidades que deben continuar con sus funciones sin interrupción.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que esta decisión responde al compromiso de la entidad con el acceso a la justicia y el ejercicio de la acción penal. "Nuestra misión es garantizar el derecho a la justicia de todos los ciudadanos, por lo que no podemos interrumpir nuestras labores", señaló Camargo.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) también confirmó que la jornada judicial del 18 de marzo se desarrollará con normalidad. En una resolución firmada por su presidente, Jorge Enrique Vallejo, se comunicó que tanto los despachos judiciales como las oficinas administrativas prestarán atención al público sin variación alguna.

Sin embargo, varios alcaldes de las principales ciudades del país han manifestado su decisión de no acogerse al día cívico convocado por el presidente Petro. Mandatarios locales de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han anunciado que las actividades laborales se desarrollarán con normalidad en sus jurisdicciones. A pesar de ello, garantizarán el derecho a la protesta y la seguridad durante las movilizaciones.

El presidente Petro convocó a estas manifestaciones en defensa de sus reformas laborales, de salud y pensionales, enfrentándose al Congreso que podría rechazar su propuesta. Ha declarado el día como cívico para permitir a los trabajadores participar sin temor a represalias laborales. Si el Congreso no aprueba su reforma, Petro planea convocar una consulta popular, necesitando la participación de más de 13 millones de colombianos, un reto difícil dado su declinante popularidad.