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Campesinos en riesgo de desalojo de tierras entregadas por Petro en Cesar, que podrían ser transferidas a exnarco, según la ANT

Campesinos en riesgo de desalojo de tierras entregadas por Petro en Cesar, que podrían ser transferidas a exnarco, según la ANT

Colombia viernes 14 de marzo de 2025 - 16:11

El 19 de febrero de 2025, los campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) recibieron una notificación que podría alterar gravemente su situación, poniendo en jaque la política de restitución de tierras impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. La notificación informaba que los campesinos debían abandonar los terrenos que les habían sido entregados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El desalojo fue ordenado tras una resolución de la Fiscalía 50, que levantó lo que se consideraba el "secuestro" de las tierras y las devolvió a Luis Alberto Urrego Contreras, alias Bacon, un narcotraficante condenado, quien ahora podría retomar el control de los terrenos mientras se resuelve su proceso de extinción de dominio.

La disputa por estas tierras tiene sus raíces en el desplazamiento forzado sufrido por las familias de Asocadar en 1996, cuando fueron expulsadas de la hacienda Bellacruz, ubicada en el sur del Cesar. Desde entonces, han luchado por la restitución de sus tierras a través de un proceso legal extenso y complicado. En diciembre de 2023, como parte de la reforma agraria impulsada por el presidente Petro, la SAE entregó tres predios a las familias de Asocadar —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— bajo la condición de que cumplieran con ciertos requisitos, como el pago de una póliza contra todo riesgo de $8.000.000.

El presidente Petro había destacado públicamente este avance en noviembre de 2024, cuando anunció la entrega de más de 7.000 hectáreas en Cesar como parte de su compromiso con la reforma agraria. En ese evento, la ANT entregó a las familias de Asocadar los actas de tenencia y las mejoras, reconociendo los cultivos que habían sido trabajados desde diciembre de 2023.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la Fiscalía 50 resolvió devolver la administración de los predios a Urrego Contreras, quien fue condenado en 2014 en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Urrego argumentó que la SAE había abandonado las tierras, lo que afectó sus derechos y los de su madre, de 80 años, quien depende económicamente de él. A pesar de que la SAE podía haber interpuesto un recurso de reposición para defender la legalidad de la ocupación de los terrenos en el marco de la reforma agraria, el plazo para hacerlo venció sin que la entidad lo hiciera, consolidándose la decisión de la Fiscalía.

Esta notificación de desalojo ha generado gran preocupación entre las familias de Asocadar, quienes ya habían invertido entre $15 y $30 millones en los terrenos para desarrollar cultivos y mejorar sus condiciones de vida. Según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que asesora a los campesinos, este esfuerzo económico es parte de un proceso de recuperación tras el desplazamiento forzado que sufrieron hace décadas, y muchas de las familias tuvieron que vender bienes para financiar sus proyectos agrícolas.

Adolfo Rodríguez, representante legal de Asocadar, denunció que el abogado de Urrego Contreras, Edwin Álvarez Garcés, llegó a los predios acompañado de maquinaria, trabajadores y policías ajenos al municipio. Estos operativos incluyeron la destrucción de viviendas construidas por la comunidad y la prohibición de sembrar nuevos cultivos.

Ante esta situación, los representantes legales de las familias afectadas pidieron respuestas al director de la ANT, Felipe Harman Ortiz, quien expresó su preocupación a través de la red social X, asegurando que la solicitud de la Fiscalía "extrañamente" les preocupa y que están trabajando de la mano con la SAE para defender a los campesinos. "Es un grave antecedente que queremos que sea revisado con mayor rigor", añadió.

La omisión en el manejo de la situación por parte de las autoridades ha dejado a los campesinos en una situación de vulnerabilidad, enfrentándose a un desalojo inminente. Las familias expresaron sentirse utilizadas por el Gobierno, que recientemente les entregó las tierras con gran énfasis, pero ahora se ven amenazados con perderlas nuevamente.

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JA/CR

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