La crisis humanitaria en la región del Catatumbo, Norte de Santander, persiste después de que insurgentes del ELN lanzaron una ofensiva a mediados de enero. Hoy, seis meses después, siguen los ataques, con al menos 71 muertes confirmadas, decenas de heridos y un desplazamiento forzado de más de 56.000 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo .
Según el informe oficial, 47.000 niños están sin acceso a educación y 27.000 adultos enfrentan restricciones severas de movilidad. La zona se mantiene como uno de los escenarios de violencia más graves del país.
Las disidencias de las Farc y el ELN se disputan el control territorial, alentando un clima de inseguridad constante. El Ministerio de Defensa estima que cerca de 2.000 insurgentes permanecen activos en la región .
Comunidades han reportado además el uso de minas antipersonales y amenazas, lo que dificulta la labor humanitaria y agrava el riesgo para los desplazados. Los Consejos Comunitarios han pedido la presencia urgente del Estado y protección efectiva.
Organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, han advertido que esta puede convertirse en la mayor crisis de desplazamiento desde 1997, si no se aceleran las acciones gubernamentales.
Frente a la situación, se hacen llamados para realizar corredores humanitarios y establecer rutas seguras para atender a niños, mujeres embarazadas y poblaciones vulnerables, al tiempo que se exijan acuerdos de cese al fuego entre actores armados.