Colombia se enfrenta a un déficit fiscal proyectado del 4.3% del PIB para 2025, uno de los más altos en décadas, excluyendo el año de la pandemia.
La disminución en la recaudación tributaria ha agravado esta situación, llevando al gobierno del presidente Gustavo Petro a aprobar un presupuesto de 511 billones de pesos mediante decreto. Sin embargo, tanto sectores de izquierda como de derecha expresan preocupaciones:
La izquierda considera insuficiente el presupuesto para cumplir con las promesas de cambio social. Mientras que la derecha, critica la gestión financiera del mandatario y teme recortes en áreas sociales clave como bibliotecas, hospitales y energías renovables.
El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha intentado calmar las inquietudes asegurando que se priorizarán los gastos sociales esenciales. No obstante, decisiones recientes, como la suspensión del programa de subsidios de vivienda "Mi Casa Ya", intensificaron las críticas y la preocupación por futuros recortes que podrían afectar a la ciudadanía común.
Además, el Banco de la República redujo la tasa de interés de referencia a 9.50%, buscando un aterrizaje gradual de la economía. En este contexto, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la responsabilidad fiscal con el cumplimiento de sus promesas sociales, en medio de un clima político polarizado y una economía en tensión.