Corte Constitucional se pronunciará sobre diócesis que no han entregado información sobre casos de pederastia

Este miércoles 23 de abril, la Corte Constitucional dará a conocer un fallo que podría marcar un antes y un después en la lucha por el acceso a la información en casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica en Colombia. La decisión se relaciona con la negativa de múltiples diócesis y congregaciones religiosas de entregar archivos sobre sacerdotes presuntamente implicados en delitos de pederastia.

El proceso judicial, que agrupa 48 acciones de tutela, fue impulsado por el periodista Juan Pablo Barrientos, quien desde 2018 ha liderado una investigación sobre abusos cometidos por miembros del clero. La Corte decidirá si las entidades eclesiásticas están obligadas a entregar la información solicitada por Barrientos, quien busca acceso a expedientes que podrían evidenciar una cifra considerablemente mayor de casos de los que hasta ahora se han revelado.

Según el comunicador, apenas ha logrado obtener el 13 % de los datos requeridos, lo que ya le permitió documentar más de 600 casos. De prosperar el fallo a su favor, se abriría la posibilidad de conocer el 87 % restante, con lo que —según sus estimaciones— podrían salir a la luz al menos 4.615 denuncias contra sacerdotes.

Esta batalla legal ha incluido la presentación de 120 tutelas junto a su colega Miguel Estupiñán. Hasta la fecha, han obtenido 75 fallos favorables y 45 en contra. No es la primera vez que la Corte Constitucional interviene en este tema: ya en 2020 (sentencia T-091) y en 2022 (sentencia SU-191), ordenó a la Iglesia entregar información, al considerar que esos datos no estaban amparados por reserva.

El actual proceso, que comenzó a ser examinado por la Sala Plena en junio de 2023, está bajo ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. La resolución se conocerá luego de que la Corte resolviera una recusación interpuesta contra la magistrada Cristina Pardo, quien fue señalada por los periodistas de tener posibles conflictos de interés por su cercanía con sectores eclesiásticos. No obstante, la Sala decidió mantenerla en el caso.

Entre las evidencias presentadas por los periodistas, se destaca un memorial enviado el 3 de abril, en el que recordaron que gracias al fallo de 2020, la Arquidiócesis de Medellín entregó información sobre 105 sacerdotes, pero luego se negó a revelar datos sobre otros 915. Además, denunciaron inconsistencias en las respuestas de otras diócesis, como Santa Fe de Antioquia y Socorro-San Gil, que inicialmente minimizaron las cifras y luego admitieron conocer más denuncias de las reportadas.

En contraste, señalaron el caso del arzobispo de Manizales, José Miguel Gómez, quien tras una revisión interna, reconoció 23 casos en su jurisdicción, mostrando que una respuesta completa puede reflejar una realidad mucho más amplia que la presentada inicialmente.

La Corte evaluará la actuación de más de 30 diócesis y arquidiócesis, entre ellas las de Bogotá, Medellín, Popayán, Tunja, y varias congregaciones como los Padres Vicentinos, Misioneros Scalabrinianos y Agustinos Recoletos, que se han negado a brindar información solicitada por los periodistas.

La decisión que se conocerá el 23 de abril podría tener profundas implicaciones para la transparencia institucional y los derechos de las víctimas de abuso sexual en Colombia.