La Corte Suprema de Justicia inició una investigación contra la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, por supuestas amenazas dirigidas a Sara Morales, directora de la Corporación Rosa Blanca y víctima acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Morales, quien fue reclutada por las extintas Farc-EP y permaneció en sus filas durante 11 años, ha denunciado públicamente las atrocidades cometidas durante su tiempo en la guerrilla.
Según el testimonio de Morales ante el magistrado Héctor Alarcón, Ramírez la habría abordado durante una sesión del Congreso en noviembre de 2024, refiriéndose a ella por su antiguo alias y sugiriéndole que reforzara su esquema de seguridad, especialmente tras sus denuncias contra alias Geovanny. Morales interpretó este comentario como una amenaza intimidatoria relacionada con sus declaraciones públicas sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de las Farc-EP.
En respuesta a estas acusaciones, la Federación de Víctimas de las Farc ha solicitado a la JEP que incluya a la senadora Ramírez en el caso abierto sobre el reclutamiento de niños, argumentando que su presunta conducta podría estar relacionada con los hechos investigados en dicho proceso.
La senadora Ramírez, reconocida por su papel en el proceso de paz y su transición a la vida política, aún no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones en su contra. Se espera que la investigación de la Corte Suprema de Justicia arroje luz sobre los hechos y determine las responsabilidades correspondientes.