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Cinco miembros del Ejército Nacional fueron destituidos e inhabilitados por 15 años por la Procuraduría General de la Nación, tras su participación en la operación número 26 Orión, en la vereda La Laguna del municipio de Corinto, Cauca. Durante esta acción, murió un integrante de una comunidad indígena.
Fueron sancionados por el ente disciplinario, el sargento segundo Carlos Alberto Álvarez Rodríguez, el cabo segundo Andrés Mancipe Valderrama y los soldados profesionales Jhojan Arley Velásquez González, Yeison Mahecha Buitrago y Gustavo Enrique Molina Muñoz, pertenecían al Batallón de Alta Montaña No. 8.
De acuerdo con la Procuraduría, los uniformados realizaron un uso innecesario, desproporcionado e irracional de sus armas de dotación, incumpliendo el deber de proteger al ciudadano indígena. También se estableció que el arma hallada junto al ciudadano no fue disparada y se encontraba en perfecto estado.
Según la calificación de las faltas como gravísimas a título de dolo, la Procuraduría sostuvo que los militares violaron el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Además, subrayó que incumplieron su deber de salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes del corregimiento Media Naranja.