El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán emitió la Sentencia 034 a favor del resguardo indígena de Nueva Bella Vista y Partidero, perteneciente al pueblo ancestral eperara siapidara, ubicado en el municipio de Guapi (Cauca). El fallo protege sus derechos sobre un territorio colectivo de más de 42 hectáreas.
Le decisión responde a la demanda presentada por el Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la cual beneficia a dos grupos que componen el resguardo: los de Nueva Bella Vista, quienes se encontraban asentados en el predio ‘El Atajo’, conformado por 115 personas que integran 30 familias, y los de Partidero, quienes se encuentran asentados en el predio del mismo nombre, conformado por 59 personas que pertenecen a 13 familias.
“Este es un proceso que adelantamos en la presente administración, y hace parte de las ocho sentencias que se han proferido en la ruta étnica desde el 2022. Es un hecho histórico, porque en los diez primeros años de la entidad solo se había proferido una sentencia en favor de las comunidades étnicas. Nos motiva a continuar trabajando en favor de las víctimas del conflicto armado, beneficiando a cientos de familias”, recalcó el director territorial de la URT en el Cauca, Rafael Zúñiga.
Esta comunidad del pueblo ancestral Eperara Siapidara vive en una zona estratégica de la costa Pacífica, que ha sido pretendida por grupos al margen de la ley para tener el control del tráfico ilegal de droga.
Esa situación los ha hecho blanco de múltiples flagelos como abandono forzado, confinamiento, al igual que afectaciones contra el uso, goce y disfrute de su territorio, el gobierno propio, el desarrollo y fortalecimiento de procesos comunitarios, así como la pesca, cacería y otras prácticas ancestrales arraigadas en su cosmovisión.
Al respecto, el director general de URT, Giovani Yule, resaltó que el 57 % de las tierras inscritas en la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se ha efectuado entre los años 2022 y 2025, es decir, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.
“Con el fin de superar el rezago en los fallos de restitución de tierras, en un trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura se habilitaron ocho despachos judiciales especializados en restitución de tierras, de los cuales cinco están enfocados a atender la ruta étnica”, destacó.
Las sentencias 033 y 034 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras demuestran el compromiso de este Gobierno por llevar las garantías constitucionales a todos los rincones de Colombia, con el fin de lograr la construcción de territorios de paz.