Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá desde enero de 2025, cumpliendo una condena de cinco años y tres meses por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, tras su participación en actos vandálicos contra una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019.
La defensa de Barrera presentó múltiples solicitudes ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá para revisar la sentencia y permitir que cumpla su condena en prisión domiciliaria. El abogado Francisco Bernate argumenta que su clienta es madre cabeza de hogar y propone su inclusión en la Ley de Utilidad Pública, sancionada en 2023, que permite a mujeres en condiciones similares cumplir sus penas en casa mientras desarrollan proyectos sociales. En este contexto, se ha presentado el programa "Aprende y Emprende con Epa Colombia", enfocado en capacitar a mujeres vulnerables en tratamientos capilares y estéticos.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha señalado que Barrera no cumple con los requisitos establecidos por la ley mencionada. La ministra Ángela María Buitrago explicó que los delitos por los que fue condenada, especialmente la instigación a delinquir con fines terroristas, no son susceptibles de beneficios como la prisión domiciliaria, y que no existe una relación directa entre su delito y una condición de marginalidad que justifique la aplicación de dicha ley.
A pesar de estas negativas, la defensa de 'Epa Colombia' continúa explorando vías legales para obtener su excarcelación. La situación ha generado un debate público sobre la proporcionalidad de la condena y ha resaltado las dificultades que enfrentan las mujeres privadas de libertad en Colombia, especialmente aquellas que son madres y buscan mantener el vínculo con sus hijos durante el cumplimiento de sus penas.