Entre 2021 y 2024, se resolvieron más de 312,000 casos relacionados con responsabilidades disciplinarias, con un enfoque en combatir irregularidades y fortalecer la justicia. Cerca del 51% de los fallos sancionatorios involucraron a alcaldes, subrayando el compromiso en la supervisión de la gestión pública.
La protección de recursos en contratación estatal evitó riesgos de corrupción por más de $2.3 billones, a través de estrategias de monitoreo y transparencia. Iniciativas como "Transparencia a un clic de distancia" y Procu Joven promovieron una cultura de acceso a la información y ética en la administración pública.
En materia de derechos humanos, se priorizó la atención a víctimas del conflicto armado, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Además, se desarrollaron centros de atención para mujeres afectadas por la violencia, en el marco de programas especializados.
Así, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático se consolidaron como prioridades, con énfasis en acciones dirigidas a preservar ecosistemas clave. En el sector salud, la gestión de recursos y la supervisión de políticas públicas mejoraron el acceso y la calidad de los servicios.
Mediante conciliaciones, se resolvieron más de 15,000 casos, logrando acuerdos que redujeron costos para el Estado. Estas acciones refuerzan la apuesta por métodos alternativos para resolver conflictos de manera eficiente y equitativa, informó la Procuraduría en un comunicado al que tuvo acceso NotiPress.