El alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez, arremetió contra el Gobierno de
Gustavo Petro, asegurando que la inspección ordenada a
Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una “
venganza política” tras la demanda interpuesta por la compañía por el
impago de subsidios de servicios públicos.
Gutiérrez señaló que, aunque EPM está dispuesta a cooperar con las autoridades, la inspección es una estrategia de intimidación para evitar que otras ciudades sigan el mismo camino legal.
“Lo que se ve aquí claramente es una venganza del presidente Petro. La tal inspección que le quieren hacer a EPM y todas sus filiales está amparada en una falsa motivación. Están actuando con odio, con rabia, y mal hace el presidente Petro y el ministro en abusar del poder”, expresó el alcalde.
¿Por qué el Gobierno ordenó la inspección a EPM?
El Ministerio de Minas y Energía solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar una inspección a EPM, argumentando la necesidad de verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual de la empresa.
La solicitud se conoció un día después de que un juez de Bogotá ordenara el embargo de cuentas del Gobierno Nacional, tras una demanda de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de EPM, por el no pago de subsidios para la energía de estratos 1, 2 y 3.
“El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales”, señala el documento oficial publicado por El Tiempo.
El impacto financiero del impago de subsidios
- Deuda acumulada: $1,2 billones que el Gobierno debe a EPM por subsidios a los servicios públicos.
- Monto del embargo ordenado por el juez: $83.309 millones.
- Faltante en CENS: $148.000 millones, con una demanda admitida por $46.912 millones.
- Déficit en Afinia: $695.000 millones en subsidios impagos.
Según Gutiérrez, la demanda fue el último recurso tras múltiples intentos fallidos de diálogo con el Gobierno Nacional.
“Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, afirmó el alcalde.
Respuesta del Gobierno: “Es una maniobra política”
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, rechazaron las acusaciones de Gutiérrez y calificaron la situación como una estrategia electoral.
“El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política. Las cuentas de la Nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, aseguró Palma.
El ministro también afirmó que el Gobierno ha cumplido con el 85% de los pagos pendientes al sector, aunque reconoció que existen deudas derivadas del déficit fiscal heredado.
Más conflictos entre Medellín y el Gobierno Nacional
La tensión entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional no se limita al caso EPM. La ciudad también interpuso acciones legales contra el Gobierno por el incumplimiento en la entrega de recursos para el Metro Ligero de la 80, con $1 billón en fondos congelados para 2024 y 2025.
Ante este panorama, Gutiérrez reiteró su postura:
“Esa inspección que le quieren hacer a EPM ordenada desde la Presidencia y el Ministerio de Minas es una venganza, además política. Gustavo Petro ya actúa como dictador”.
El conflicto sigue escalando, con ambas partes manteniendo posiciones firmes en un enfrentamiento que podría tener repercusiones económicas y políticas para Medellín y el país.