Fiscal General de Colombia, en el ojo del huracán por polémicos encuentros sociales

La fiscal fue interrogada sobre su presencia en la celebración, organizada en la casa del director de la Policía, el general William Salamanca, en el norte de Bogotá. Al respecto, Camargo justificó su asistencia, afirmando: “Yo también tengo vida y asisto a cumpleaños”, y agregó que el encuentro fue de carácter social, sin implicaciones para su labor. Entre los asistentes también figuraron altos funcionarios, como los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Juan Fernando Cristo, aunque se confirmó que Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), no asistió finalmente.

La controversia se intensifica debido a que Roa es investigado por presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Petro, una investigación que lidera la misma Fiscalía. Camargo, buscando minimizar el encuentro, señaló que ha coincidido con Roa en otros eventos y aseguró que estos intercambios son normales en el desarrollo de sus funciones: “Voy a seguir teniendo reuniones, porque el presidente de Ecopetrol tiene, de hecho, un proyecto conjunto con la Fiscalía y un grupo de fiscales para investigaciones que son muy importantes para nosotros”. No obstante, para sectores críticos, esta relación suscita dudas sobre posibles conflictos de interés en su rol de Fiscal General.

En redes sociales, ciudadanos y líderes de opinión manifestaron su escepticismo ante la imparcialidad de la Fiscalía. Comentarios en la red social X reflejan la percepción pública: “Ya entendemos por qué la justicia no actúa a pesar de las múltiples denuncias de corrupción en el Gobierno”, expresaba un usuario, mientras que otros destacaban que estos vínculos sociales no deberían normalizarse en figuras que ostentan cargos de poder.

La situación actual de Roa incluye tanto la investigación de la Fiscalía como un pliego de cargos emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto con Gustavo Petro. Esta medida responde a la presunta superación de los límites de financiación de campaña, los cuales, según el CNE, podrían haber sido excedidos en más de 5.355 millones de pesos. Pese a la gravedad de las acusaciones, Camargo reiteró su compromiso con mantener estos encuentros cuando sean necesarios.

Por otra parte, la relación de la Fiscal General con el actual Gobierno ha sido objeto de críticas adicionales desde diversos sectores. La apertura de una investigación contra la periodista Vicky Dávila por la divulgación de los “Petrovideos” —en los que se mencionan maniobras políticas realizadas durante la campaña de Petro— ha sido vista por algunos como un indicio de alineación de Camargo con los intereses del mandatario. Dávila fue contundente en su postura: “Ella (la fiscal) pareciera estar recibiendo órdenes de Petro”, expresó al ser cuestionada sobre la apertura de dicho proceso.

A estas situaciones se suman otros casos de alto perfil, como la reciente imputación de Lina Castillo, quien en 2019 denunció al periodista y actual presidente de RTVC, Hollman Morris, por acoso sexual. Castillo ha sido acusada de injuria y calumnia, lo que ha suscitado reacciones entre defensores de derechos humanos y activistas que consideran que la Fiscalía actúa selectivamente en beneficio de figuras cercanas al Gobierno.

La proximidad de Camargo con el entorno gubernamental ha generado preocupación entre sectores de la oposición, quienes advierten sobre la posible falta de independencia en el órgano de investigación. Mientras tanto, la fiscal continúa defendiendo su participación en eventos sociales con figuras clave del país, aunque su papel sigue bajo el escrutinio de la ciudadanía, que exige respuestas claras y transparencia en el manejo de casos con implicaciones políticas y de alto impacto social.