Francia Márquez denuncia falta de apoyo en el Gobierno y se distancia políticamente del presidente Petro

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha manifestado públicamente su inconformidad con el papel que ha desempeñado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmando que no se le han dado las condiciones para cumplir con sus funciones. “No me han dejado gobernar”, expresó Márquez durante un acto conmemorativo de los 174 años de la abolición de la esclavitud en el país.

Según la funcionaria, su gestión se ha visto limitada por la falta de presupuesto asignado a la Vicepresidencia, lo que la ha obligado a depender de recursos provenientes de la cooperación internacional para adelantar algunos proyectos. Márquez también lamentó su exclusión de la dirección del Ministerio de Igualdad, una cartera que había sido concebida inicialmente para ella. “Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó una decisión y fue separarme del Ministerio de la Igualdad para poner a otra persona (Carlos Rosero)”, señaló.

La vicepresidenta fue apartada del liderazgo de esta entidad tras expresar críticas en televisión nacional durante el primer Consejo de Ministros abierto al público. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en actos públicos junto al jefe de Estado. El Ministerio de Igualdad, que fue una de las promesas del Pacto Histórico, recibió un presupuesto de 1,8 billones de pesos y fue autorizado para contratar 744 funcionarios. Sin embargo, a finales de 2023 solo había ejecutado 40.000 millones de pesos, destinando la mayor parte a pagos de personal, con una ejecución presupuestal del 2,4%.

Márquez también se ha referido a los obstáculos estructurales que, a su juicio, enfrenta dentro del Ejecutivo. “No ha sido una tarea fácil gobernar un país que tiene un estado racial, con un Gobierno que también practica el racismo y el patriarcado”, dijo, añadiendo que se siente sin “garantías” para ejercer su cargo.

Pese a las tensiones con el presidente, su cargo como vicepresidenta es resultado de una elección popular, lo que le otorga mayor estabilidad frente a los ministros, que pueden ser removidos en cualquier momento. De cara al cierre del actual mandato y con miras a las elecciones de 2026, Márquez ha optado por adoptar una postura más crítica frente al Gobierno que representa.

“Ella no está en las mismas condiciones que los demás ministros. Eso le da legitimidad política y es clave para entender por qué siente la fuerza para decirle al presidente lo que piensa”, explicó Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado.

Ante la posibilidad de participar en movilizaciones convocadas por el Gobierno, Márquez respondió: “No lo sé. Todavía no sé, puede que sí, puede que no. No depende de nada, depende de que debo concentrarme en gobernar y en responderle a Colombia”.

La vicepresidenta también se ha mostrado escéptica ante una eventual consulta popular, considerando que si el Congreso está dispuesto a avanzar en las reformas sociales, no sería necesario entrar en confrontación con el Legislativo. “No estoy dubitativa. He hecho un llamado al diálogo, a un acuerdo nacional, y ese acuerdo consiste en que la reforma avance en el Congreso y garantice los derechos de los trabajadores”, indicó.

En un intento por recuperar protagonismo político, Márquez ha retomado su agenda enfocada en la equidad para el Pacífico colombiano. Recientemente presentó un balance de su gestión y anunció avances en la entrega de baldíos a comunidades negras de la región, incluyendo 67 títulos colectivos.

A comienzos de mayo, sostuvo un encuentro con el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien ha tenido desacuerdos, para exigir compromisos concretos en la protección de derechos étnicos, el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, el diálogo con comunidades del norte del Cauca y el seguimiento al Paro Cívico de Buenaventura.

Además, ha sostenido reuniones con representantes de los ministerios de Transporte, Salud, Minas, TIC, Educación, Culturas, Vivienda, así como con la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de impulsar iniciativas de desarrollo en el litoral Pacífico.