Gobierno Petro responde con inspección a EPM tras embargo de cuentas
Colombia
El Gobierno del presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza tras la decisión de un juez de Bogotá de embargar cuentas del Estado por una deuda del Ministerio de Minas y Energía con el Grupo EPM. Como respuesta, la administración nacional ordenó una inspección a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), lo que podría escalar aún más la disputa entre ambas partes.
Embargo millonario contra el Gobierno
La controversia inició el pasado 4 de marzo, cuando el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de $83.309 millones, correspondientes a pagos atrasados del Gobierno por subsidios a los servicios públicos. Esta deuda incluye un monto de $46.912 millones con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM.
Según el fallo judicial, $41.654 millones corresponden a obligaciones reconocidas en diferentes resoluciones gubernamentales, mientras que $5.258 millones son intereses moratorios aplicados a la deuda.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial, señalando que EPM tuvo que recurrir a la justicia tras la falta de respuesta del Gobierno Nacional.
“La justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, afirmó Gutiérrez.
Además, el mandatario local indicó que el Gobierno aún debe pagar otros subsidios a empresas como Afinia y que existen más demandas en curso por la falta de cumplimiento en estos pagos.
La respuesta del Gobierno: inspección a EPM
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar. Durante un Consejo de Ministros televisado, rechazó la medida judicial y ordenó al Ministerio de Minas y Energía tomar acciones inmediatas.
El nuevo ministro de Minas, Edwin Palma, anunció la solicitud de una inspección a EPM a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, argumentando que el embargo era una maniobra “política y electoral” del alcalde Gutiérrez.
“El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política. Las cuentas de la Nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, declaró Palma.
El ministro también aseguró que, aunque el Gobierno reconoce algunas deudas con el sector, la administración actual ha hecho esfuerzos por cumplir con los pagos, y el 85% de los compromisos con las filiales de EPM ya han sido saldados.
Además, acusó a EPM de afectar a los usuarios con tarifas elevadas y de no haber sido generoso con las regiones que cubre Air-e, otra empresa del sector eléctrico.
“Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. EPM ha presionado las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”, enfatizó Palma.
¿En qué consiste la inspección a EPM?
El Ministerio de Minas y Energía envió una carta oficial a la Superintendencia de Servicios Públicos, solicitando inspeccionar a EPM y sus filiales para verificar posibles irregularidades en la prestación del servicio.
El documento indica que se debe “verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios”.
La inspección incluirá:
- Monitoreo de actividades operativas de EPM para verificar su cumplimiento normativo.
- Revisión de los contratos y compromisos de servicio público que mantiene la empresa.
- Establecimiento de posibles correctivos en caso de encontrar irregularidades.
Con esta medida, el Gobierno busca contrarrestar la presión de EPM y del alcalde Gutiérrez, al tiempo que mantiene una postura firme frente a los conflictos financieros que enfrenta la administración.
Un conflicto que podría escalar
El choque entre el Gobierno Nacional y EPM no es nuevo, pero esta disputa por el pago de subsidios podría aumentar las tensiones entre ambas partes. Mientras la Alcaldía de Medellín exige el cumplimiento de los pagos, el Gobierno argumenta que las finanzas públicas están comprometidas debido al déficit fiscal heredado.
El futuro del litigio dependerá de las acciones judiciales que interponga el Ejecutivo para frenar el embargo y de los hallazgos que arroje la inspección a EPM.
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DB/CR
