Colombia activó la emergencia sanitaria tras registrar 76 casos confirmados de fiebre amarilla desde septiembre de 2024, incluidos 59 en Tolima. El brote elevó la letalidad a 45,3%, según datos del Ministerio de Salud.
En respuesta, el Gobierno de Gustavo Petro anunció una campaña nacional para vacunar a toda la población en un plazo de dos meses. El mandatario expresó urgencia en el proceso y atribuyó parte del riesgo al cambio climático y al turismo, al señalar que el mosquito transmisor puede alcanzar zonas urbanas y de altitud como Bogotá. Estas afirmaciones fueron cuestionadas por expertos debido a que el "cambio climático" es una palabra usada en reiteradas oportunidades para justificar múltiples circunstancias.
La vacuna está disponible de forma gratuita desde los nueve meses de edad en centros de salud y algunos aeropuertos. También se exigirá el carné de vacunación a extranjeros, especialmente a quienes lleguen desde Brasil. Además, se implementarán operativos para eliminar criaderos del mosquito transmisor en zonas de riesgo.
Desde Bogotá surgieron cuestionamientos sobre el manejo de la emergencia. Gerson Bermont, secretario de salud de la capital, advirtió que “no todo se resuelve con emergencias económicas” y criticó el debilitamiento técnico del Instituto Nacional de Salud. Llamó a priorizar el criterio científico frente a decisiones ideológicas.