Miembros de la ONU descubren 20000 cuerpos en hangar de Bogotá

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó su visita a Colombia, destacando la deficiencia jurídica, la ineficacia y la falta de claridad sobre el número de personas desaparecidas en el país, que oscila entre 98.000 y 200.000. En un aeropuerto de Bogotá, se encuentran almacenados 20.000 cuerpos sin identificar.

Una delegación del Comité visitó Colombia entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre, realizando reuniones con 80 autoridades, como la Ministra de Justicia, la Fiscal General, la Defensora del Pueblo, víctimas y organizaciones sociales en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio. Además, la delegación inspeccionó cinco centros de detención y asistió a actividades en cementerios saturados de cadáveres sin identificar, así como en un crematorio.

"Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son solo un crimen del pasado. Continúan ocurriendo a diario en todo el país, bajo diversas circunstancias", expresó la delegación.

Los hallazgos iniciales presentaron una imagen alarmante. Las desapariciones forzadas afectan a todos los grupos demográficos, incluyendo a niños, adolescentes, líderes sociales, migrantes, periodistas, excombatientes desmovilizados y docentes, entre otros. Especialmente preocupantes son los casos de reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado y desapariciones relacionadas con protestas sociales.

Las familias de los desaparecidos a menudo enfrentan obstáculos insuperables en su búsqueda de justicia debido al complejo sistema legal e institucional. Una víctima relató su frustración: «No sabemos a dónde acudir. No tenemos la información para exigir nuestros derechos. Lo que nos dicen las autoridades lo creemos, pero muchas veces son respuestas confusas y parece que no quieren atendernos. Nosotros, las familias, estamos atrapados entre las instituciones, sin esperanza».

El sistema institucional está fragmentado, con múltiples mandatos que se superponen y una coordinación ineficaz. Entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a menudo comparten funciones duplicadas. Si una de estas unidades inicia un proceso de búsqueda, tendría que coordinar con unas 60 autoridades diferentes, lo que complica enormemente la tarea.

Además, el hecho de que las instituciones operen de manera aislada deja a las víctimas atrapadas en una burocracia interminable. Los funcionarios reconocen que, aunque las reuniones de coordinación son frecuentes, rara vez se traducen en acciones concretas. "Nos reunimos una y otra vez», comentó un funcionario a la delegación. «Pero hay tantas reuniones que al final solo tenemos dos opciones: no asistir o no hacer nuestro trabajo".

La falta de un registro centralizado y confiable de personas desaparecidas agrava aún más la situación. Las cifras varían entre 98.000 y 200.000, y las discrepancias entre los registros oficiales dificultan conocer la magnitud real del problema.

El miedo a las represalias y la desconfianza hacia las autoridades desincentivan aún más las denuncias, especialmente en las zonas controladas por grupos armados y organizaciones criminales. Las víctimas de comunidades marginadas, como migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrocolombianos y LGTBIQ+, enfrentan además obstáculos geográficos, lingüísticos y otros tipos de barreras.

Actualmente, miles de cuerpos sin identificar se encuentran en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar en el aeropuerto de Bogotá, que alberga alrededor de 20.000 cadáveres.

El Comité pidió medidas inmediatas, subrayando que una mayor coordinación entre las instituciones existentes es crucial. "Racionalizar los mandatos, reducir la burocracia y fomentar la colaboración son pasos esenciales para que el sistema trabaje a favor de las víctimas", aseguró la delegación, añadiendo que "no se trata de crear nuevas instituciones, sino de fortalecer las que ya existen".

Es urgente contar con suficiente financiación y personal especializado. El Comité también destacó la necesidad de combatir la impunidad, haciendo énfasis en que se deben reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. «Es necesario garantizar que los funcionarios y las instituciones sean responsables de sus acciones -o de su inacción-», indicó la delegación.

A pesar de las dificultades, el Comité reconoció el compromiso y profesionalismo de algunos funcionarios, cuyo nivel de dedicación debe convertirse en la norma. «Las familias de los desaparecidos merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada desaparición representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad enfrentando un dolor no resuelto», afirmó la delegación.

El Comité ha compartido sus hallazgos preliminares con las autoridades colombianas y publicará un informe completo en abril de 2025.

La delegación estuvo conformada por Carmen Rosa Villa Quintana, miembro y expresidenta del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, relator del Comité, Albane Prophette-Pallasco, secretaria del Comité, y Carla Villarreal López, oficial de derechos humanos.