Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, implicado en caso de corrupción de la UNGRD
Colombia
El nombre de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, vuelve a estar en el centro de la polémica por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y señalada de participar en un presunto esquema de corrupción, declaró ante la Fiscalía, implicando directamente al alto funcionario.
En su testimonio, Benavides afirmó que Bonilla tenía pleno conocimiento de las irregularidades en la adjudicación de contratos de la UNGRD, una entidad encargada de gestionar recursos para atender emergencias en el país. Según la exasesora, el esquema de corrupción conectaba al Congreso, miembros del gabinete de Gustavo Petro y funcionarios de la UNGRD, operando bajo su supervisión.
El testimonio de Benavides añade peso a las investigaciones, ya que detalla cómo se habrían direccionado contratos estratégicos para asegurar apoyos políticos y beneficios personales.
La UNGRD ha estado en el foco público por el manejo de recursos millonarios destinados a atender desastres naturales. Sin embargo, las denuncias sugieren que parte de estos fondos habrían sido desviados mediante contratos amañados.
Este caso también salpica a otros actores, como congresistas y miembros del gabinete, aumentando la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta una creciente desaprobación y cuestionamientos sobre la transparencia de su administración.
Hasta el momento, Ricardo Bonilla no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones. Fuentes cercanas al ministro han indicado que está siguiendo las recomendaciones de sus abogados mientras avanza el proceso judicial.
El escándalo de la UNGRD representa un nuevo golpe para el gabinete de Petro, que ya enfrenta tensiones internas y críticas externas por la gestión de sus reformas. La posible implicación de Bonilla, una figura clave en la administración, podría tener graves repercusiones políticas y debilitar aún más la confianza ciudadana en el gobierno.
Con las investigaciones en curso y los testimonios acumulándose, este caso podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Colombia y definir el rumbo del actual gobierno.
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JA/CR
