El miércoles, el presidente Gustavo Petro firmó un polémico decreto para impulsar un referendo sobre propuestas de reforma laboral y salud, después del rechazo del Senado a su proyecto constitucional.
El decreto incluye preguntas sobre recargos dominicales al 100 %, reducción de jornada laboral y amplias coberturas sociales a trabajadores digitales y de plataformas.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional califican la medida como una violación al principio de separación de poderes, advirtiendo posibles recursos ante la Corte, incluso por prevaricato.
El Gobierno justifica que el Senado incurrió en "fraude" al validar el archivo en mayo y asegura que el referendo es un mecanismo legal para que el pueblo decida, en lugar de un mecanismo legislativo dilatado.
Con nueve partidos opositores y cerca de 60 senadores rechazando al Ejecutivo como organizador electoral, el decreto podría verse anulado incluso si la Corte lo cuestiona.
El ambiente político se ha tensado, mientras la administración promete cancelar el referendo si el Congreso avala una reforma laboral adecuada.