Durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad con la condena impuesta a Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', quien cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión por actos de vandalismo durante las protestas sociales de 2019.
El mandatario cuestionó la severidad de la sentencia, señalando que "a Epa se la llevan presa porque le pegó a un vidrio, ella restituye el vidrio que es un bien público y lo hace en medio del estallido social". Además, enfatizó que "a Epa la castigan por ser popular, pobre, levantarse y protestar".
Petro comparó este caso con situaciones de corrupción que, según él, no reciben la misma atención judicial, afirmando que "un funcionario parece tener una casota inmensa en Valledupar, que era dinero para la paz y nadie investiga".
También hizo referencia a la Ley 2292 de 2023, que permite a madres cabeza de familia condenadas por ciertos delitos acceder a beneficios como salidas diarias de prisión. Solicitó que se gestione ante el INPEC la aplicación de esta norma en el caso de Barrera Rojas, indicando que "esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel".
Las declaraciones del presidente reavivan el debate sobre la equidad en el sistema judicial y el trato a quienes participan en manifestaciones sociales.