La Procuraduría General de la Nación estudia la reciente intervención pública del director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, por un posible caso de participación indebida en política.
El hecho ocurrió durante la instalación de los Comités Ciudadanos por el ‘Sí’ en la consulta popular impulsada por el Gobierno nacional, evento oficial en el que Bolívar, al dirigirse a ciudadanos en condición de vulnerabilidad, expresó abiertamente su respaldo al movimiento político al que pertenece. “(...) Transmitan este mensaje a quienes venden ese voto y para las próximas elecciones sepan elegir. Ahí vamos a estar con nuestras listas del Pacto Histórico tratando de obtener, por fin, unas mayorías en el Congreso de la República”, afirmó.
Estas palabras generaron cuestionamientos sobre una posible violación de las normas que regulan la participación de los funcionarios públicos en asuntos electorales. Consultado por SEMANA, un procurador que pidió mantener su nombre en reserva explicó que “Constitucionalmente, le está prohibido a todos los servidores públicos intervenir en participación en política, es decir, apoyar una causa política, apoyar un grupo político o apoyar a una persona en una aspiración política”.
El funcionario recordó que, aunque la Corte Constitucional ha ordenado al Congreso expedir una ley estatutaria para reglamentar este tipo de conductas, la normativa aún no ha sido tramitada. En ausencia de dicha ley, señaló que “se debe dar aplicación directa a la prohibición”.
Según el análisis preliminar del caso, la alusión de Bolívar a listas electorales de una colectividad específica —el Pacto Histórico— podría interpretarse como una manifestación clara de apoyo político desde una posición oficial. “En ese vídeo, es evidente que hay un apoyo porque está solicitando un apoyo a las listas de un partido determinado (…) y al estar en el contexto de programas del Estado, eso refuerza la lectura de participación en política”, indicó el jurista.
Aunque no se ha iniciado formalmente el proceso de inscripciones de candidatos, el calendario electoral ya está en marcha, lo que podría fortalecer el argumento de que se configura una intervención política anticipada.
Hasta el momento, ni Gustavo Bolívar ni el DPS han emitido declaraciones oficiales al respecto. La Procuraduría continúa evaluando si se abre una investigación formal sobre este episodio, que se suma al debate creciente sobre los límites entre función pública y actividad política en el marco de los programas gubernamentales.