El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales en Colombia encendió las alarmas a nivel nacional e internacional. Departamentos como Cauca y Norte de Santander se han convertido en epicentros de esta problemática, donde menores son arrancados de sus hogares y comunidades para ser utilizados en actividades ilícitas, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.
Un caso que ejemplifica esta crisis es el de Mauren Alejandra Ulchur, una menor de 14 años que fue reclutada por disidencias de las FARC en el departamento del Huila. Su cuerpo sin vida fue hallado en una fosa común en el convulso departamento del Cauca, evidenciando las trágicas consecuencias de esta práctica.
Ante la inacción percibida del gobierno colombiano, la Fundación para el Estado de Derecho ha interpuesto una demanda contra la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La acción legal, admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumenta que el Estado ha omitido su deber de proteger a la niñez colombiana en medio del conflicto armado y solicita la implementación inmediata de medidas que garanticen su seguridad y bienestar.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2024 se verificaron 216 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia. Sin embargo,