Sandra Ortiz, una destacada política de Boyacá y exconsejera presidencial para las Regiones, ha acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales en los últimos días, luego de que la Fiscalía anunciara que el próximo 29 de noviembre le imputará cargos.
Así han cubierto los medios el caso de Ortiz: "La Fiscalía solicitaría la medida de aseguramiento privativa de la libertad para la exfuncionaria del Gobierno Petro", reportó El Espectador.
"Fiscalía pedirá cárcel para Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la Ungrd: ya hay fecha para la imputación de cargos", destacó Infobae.
"¿Quién es Sandra Ortiz y de qué la acusará la Fiscalía en el caso de la UNGRD?", cuestionó Cambio Colombia.
"¿Quién es Sandra Ortiz, la exconsejera de las Regiones y nueva imputada en el caso de la UNGRD?", señaló El Tiempo.
"Sandra Ortiz, llamada a imputación de cargos: $3.000 millones y cuatro evidencias que pesan en contra de la mensajera de Name", publicó Semana.
Por su parte, la exsenadora se ha defendido asegurando que no tiene nada que ocultar y calificando la citación para la formulación de cargos como un "show mediático". Además, sostuvo que la imputación de la Fiscalía ha sido exagerada, entre otros comentarios.
"La @FiscaliaCol me ha citado a una diligencia de imputación inflada con el claro propósito de coaccionarme, evidenciando un manejo mediático de este caso. Es inaceptable que se me catalogue como 'el eslabón más débil' y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales", expresó en su cuenta de X.
Ortiz añadió que este proceso se ha transformado en un espectáculo mediático, sustentado en cinco versiones contradictorias de dos "delincuentes confesos", y que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia frente a los cargos que se le imputan.
"Exijo respeto por mis derechos y garantías; confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo", indicó. También pidió que la diligencia se lleve a cabo de forma presencial, en lugar de virtual, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la transparencia en el proceso.