A sanción presidencial proyecto de ley para frenar la pesca ilegal

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció este martes que el Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que aprueba la vinculación de Colombia al Acuerdo internacional sobre medidas del Estado Rector del Puerto, que busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal para que los buques que la practican no puedan utilizar los puertos del país para desembarcar sus capturas.

“Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible es un objetivo de la humanidad. Hoy se aprobó en último debate el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el 'acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada', adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009", escribió la ministra en su cuenta de la red social X.

En el mismo sentido, destacó: “Hoy nos sumamos a una causa común de la humanidad por la pesca sostenible, el trabajo digno y la justicia ambiental. Protegemos nuestros recursos marinos y apostamos a la protección de nuestros pescadores artesanales".

La aprobación de este proyecto —agregó— significa “una victoria para nuestros mares, nuestra economía y la lucha contra la pesca ilegal".

El proyecto de ley aprobado en cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, con 109 votos a favor, y con ponencia de la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, fue presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Al cumplir su trámite de ley en el Congreso el proyecto pasa a sanción presidencial.

“Esta herramienta fomentará la soberanía alimentaria de Colombia", recalcó la ponente de la iniciativa.

El proyecto de ley aprobado indica que “el ejercicio de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada trae como consecuencia efectos negativos sobre las poblaciones de peces, los ecosistemas marinos y los medios de vida de los pescadores", lo que

“ha venido generando la necesidad de tomar acciones en pro de la protección de la soberanía y la garantía de la seguridad alimentaria".

En el mismo sentido, agrega que “la República de Colombia debe articularse con la comunidad internacional, con el fin de hacer uso de los mecanismos multilaterales existentes que la permitirán combatir esta práctica ilegal".