La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó su más reciente informe económico anual titulado “Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico”, en el que expone “señales preocupantes” sobre el rumbo del sector energético en el país.
El documento alerta sobre una reducción significativa en la inversión para exploración, el aumento de desafíos operativos y el peligro de comprometer la autosuficiencia energética en los próximos años. Las cifras provienen de empresas que representan el 95% de la producción de petróleo y el 96% del gas natural en Colombia.
Uno de los puntos críticos del informe es la proyección sobre la exploración petrolera: “Entre 2026 y 2030 solo se proyecta la perforación de 70 pozos exploratorios comprometidos por contrato.” Si no se toman medidas urgentes, Colombia podría agotar su capacidad exploratoria antes de finalizar la década, sin nuevos descubrimientos que garanticen reservas suficientes.
En ese sentido, se estima que la inversión en exploración para 2025 caerá un 18%, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Esta tendencia se da en un contexto de reducción del 57% en las reservas probadas de gas en la última década y una caída esperada en la producción petrolera a partir de 2027.
Aunque la ACP anticipa un incremento del 15% en la inversión en producción para 2025, advierte que este aumento será insuficiente sin la incorporación de nuevos desarrollos. Se espera que la producción de petróleo se mantenga estable, entre 760.000 y 770.000 barriles diarios, mientras que la producción de gas comercializado bajaría de 958 a 905 millones de pies cúbicos por día.
Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que el sector enfrenta múltiples retos simultáneos: “Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas.”
El informe también evidencia un entorno operativo deteriorado, con un aumento del 151% en bloqueos a las operaciones en 2024, lo cual ha agravado la conflictividad social y la inestabilidad en zonas productoras, afectando directamente el desarrollo de proyectos.
Desde el punto de vista económico, el país enfrenta un déficit fiscal proyectado de \$40 billones, en parte por la disminución de ingresos provenientes del sector petrolero. Además, de no aumentar la oferta nacional, importar gas podría incrementar las tarifas entre un 15% y un 46%, y la necesidad de importar crudo para abastecer las refinerías elevaría los costos de los combustibles líquidos.
Ante este panorama, la ACP propone medidas urgentes, como mejorar los procesos de consulta previa, fortalecer la coordinación institucional para gestionar la conflictividad social, y garantizar un entorno fiscal, jurídico y regulatorio estable. Asimismo, urge acelerar proyectos clave como el desarrollo de gas costa afuera y la construcción de un gasoducto submarino, que requiere una licencia ambiental prioritaria.
El informe también insiste en una transición energética gradual y balanceada: “La asociación también hace énfasis en la necesidad de una transición energética gradual que asegure la complementariedad entre fuentes renovables y convencionales, sin poner en riesgo el abastecimiento energético del país.”
Finalmente, Pearl hizo un llamado al trabajo conjunto entre los diferentes sectores del país: “Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos —Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado— la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares.”
El análisis de la ACP deja clara la urgencia de replantear la política energética nacional para evitar un escenario crítico en términos de abastecimiento, finanzas públicas y estabilidad social.