Abuso en jardín infantil del ICBF reaviva el debate sobre la cadena perpetua para agresores de menores

El país se ha visto conmovido por un estremecedor caso ocurrido en el jardín infantil Hogar Infantil Canadá Sede F, en Bogotá, donde se denuncia el abuso sexual de 12 niños y niñas, de entre dos y tres años, supuestamente perpetrado en un centro adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las acusaciones, presentadas por los padres de los menores, han generado indignación nacional y renovado la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables.

Este hecho ha dado pie a que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, reabra un tema que continúa siendo polémico: la propuesta de cadena perpetua para violadores de menores. A través de un video publicado en su cuenta de X, Ruiz expresó con firmeza: “El debate sobre la cadena perpetua vuelve a iniciar”.

La iniciativa de la cadena perpetua para agresores de menores fue presentada inicialmente en el Acto Legislativo 01 de 2020, tras una fuerte presión social debido a la creciente preocupación por los crímenes contra la niñez. Sin embargo, en 2021, la Corte Constitucional declaró la reforma inexequible, argumentando que contravenía principios fundamentales como la dignidad humana, la proporcionalidad de la pena y la finalidad resocializadora del castigo.

Pese a este fallo, Ruiz considera que la posibilidad de retomar el tema no ha quedado cerrada. En sus declaraciones, propuso la presentación de un nuevo proyecto de ley que aborde las objeciones de la Corte y busque un apoyo político amplio: “Como ministro de Justicia, impulsé esa pena. Debemos retomar este debate tan importante para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló. Según el exministro, la reforma podría ser reestructurada para ajustarse a los estándares constitucionales sin que ello implique una negación del Estado de derecho, sino más bien una medida disuasiva y proporcional.

El llamado a la acción se ve respaldado por las cifras, que son alarmantes. Entre enero y marzo de 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 3.893 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales contra menores, lo que equivale a un promedio de 43 casos diarios. Ruiz ha resaltado que esta situación refleja una crisis nacional en la protección de los niños, argumentando que, mientras se protegen los derechos de los acusados, las víctimas a menudo quedan desprotegidas, sin justicia o reparación adecuada.

Para Ruiz, la solución pasa por una acción decidida del Congreso y el Ejecutivo, instando a que la protección de los derechos de los menores no se vea afectada por debates ideológicos o limitaciones interpretativas del poder punitivo del Estado. En su opinión, una cadena perpetua revisable, conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, debería contar con un apoyo multipartidista y un amplio respaldo social.

La discusión sobre la cadena perpetua para violadores de menores ha cobrado nueva relevancia en un país donde los casos de violencia infantil siguen siendo una preocupante constante. La pregunta que persiste no es solo si esta medida es viable, sino si Colombia está dispuesta a tomar decisiones firmes para garantizar que nunca más un niño o niña sea víctima de abuso.