Investigan irregularidades contratos en chips de control carcelario
Colombia
Cobros por dispositivos electrónicos de monitoreo que estarían inactivos, empleados en personas con medidas de aseguramiento o prisión domiciliaria, podrían haber generado un detrimento patrimonial superior a los 14 mil millones de pesos. La situación está bajo investigación disciplinaria, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la Nación.
Los aparatos eran utilizados para el control de personas privadas de la libertad en diferentes condiciones judiciales a nivel nacional. No obstante, según documentación en poder de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, parte de estos dispositivos no estaban operativos pese a que se habrían emitido facturas por su servicio.
También se indaga el estado de mantenimiento de los localizadores, ya que presentaban una reducción significativa en la capacidad de carga de sus baterías. Esto implicaría que no cumplían con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato de prestación de servicios.
La investigación disciplinaria recae sobre Sergio Caballero, representante legal del interventor Consorcio Intervigilancia, responsable de supervisar la operación para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). El Ministerio Público busca establecer si existieron fallas en el seguimiento y control del servicio durante las labores de interventoría y supervisión.
El proceso apunta a determinar responsabilidades en la gestión de tecnología destinada al control penitenciario, un elemento clave dentro del sistema de justicia y seguridad. Las deficiencias señaladas podrían representar un impacto económico considerable para el Estado colombiano.
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JA/CR
