Acusan al exsecretario de Hacienda de La Merced de desviar recursos públicos
Colombia
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exsecretario de Hacienda de La Merced, Caldas, Daniel José Ospina Escobar. De acuerdo con la entidad, habría utilizado de manera indebida más de 30 millones de pesos de cuentas municipales destinados al pago de pensiones.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales, los hechos ocurrieron entre febrero y julio de 2021, cuando el funcionario aprovechó el acceso a las entidades financieras para retirar recursos públicos. El dinero, presuntamente, era reintegrado después, lo que constituye indicios de manejo irregular de fondos oficiales.
En un segundo señalamiento, la investigación apunta a que Ospina Escobar habría incurrido en falsedad en documento privado al modificar extractos bancarios. Estos documentos, que registraban transacciones con recursos de pensiones, eran enviados posteriormente al contador y a la asesora financiera del municipio.
Para el ente de control, el comportamiento del exfuncionario supuestamente vulneró el principio de moralidad y priorizó intereses personales sobre los de la sociedad. La Procuraduría calificó de manera provisional la presunta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, lo que abre paso a un proceso que definirá la responsabilidad del exservidor público.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales, los hechos ocurrieron entre febrero y julio de 2021, cuando el funcionario aprovechó el acceso a las entidades financieras para retirar recursos públicos. El dinero, presuntamente, era reintegrado después, lo que constituye indicios de manejo irregular de fondos oficiales.
En un segundo señalamiento, la investigación apunta a que Ospina Escobar habría incurrido en falsedad en documento privado al modificar extractos bancarios. Estos documentos, que registraban transacciones con recursos de pensiones, eran enviados posteriormente al contador y a la asesora financiera del municipio.
Para el ente de control, el comportamiento del exfuncionario supuestamente vulneró el principio de moralidad y priorizó intereses personales sobre los de la sociedad. La Procuraduría calificó de manera provisional la presunta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, lo que abre paso a un proceso que definirá la responsabilidad del exservidor público.
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JA/CR
