Admiten demanda contra el Gobierno Petro por crisis de escasez de medicamentos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) en contra de los ministerios de Salud y Hacienda, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), con el objetivo de proteger los derechos colectivos a la salubridad pública y al acceso eficiente al servicio de salud.

La Fundación argumenta que las omisiones de las instituciones involucradas están poniendo en riesgo la vida de miles de personas, por lo que la intervención judicial es fundamental para implementar medidas urgentes que el Gobierno debe seguir de manera obligatoria.

En su demanda, FEDe Colombia señala que el desabastecimiento de medicamentos está afectando gravemente a los pacientes, quienes se enfrentan a daños irreparables. Además, critican que las autoridades no han tomado las acciones adecuadas para resolver la crisis y que algunas decisiones han complicado aún más la distribución de medicamentos.

La organización solicitó medidas específicas para enfrentar las causas del desabastecimiento, tales como el estancamiento de trámites, las demoras en las importaciones y la falta de stock, así como factores estructurales como el déficit de financiamiento y las debilidades en la regulación y vigilancia institucional. Entre las acciones propuestas, destacan la agilización de los trámites en Invima para aprobar registros sanitarios y la creación de un comité interinstitucional de seguimiento. También solicitan urgentes intervenciones del Gobierno de Gustavo Petro para garantizar el flujo de recursos destinados al financiamiento de medicamentos.

Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, señaló que la situación es el resultado de "fallas administrativas y financieras atribuibles a varias entidades del Estado", y destacó la importancia de la acción del Tribunal para exigir al Gobierno la adopción de medidas que enfrenten una crisis que afecta gravemente a la población.

Con esta demanda, la Fundación hace un llamado al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad y garantice el derecho a la salud de los ciudadanos.