Alcaldía defiende proceso de elección en Usme y asegura cumplimiento del marco jurídico

La Secretaría Distrital de Gobierno y el alcalde Carlos Fernando Galán respondieron a la indagación de la Procuraduría sobre la demora en la designación del alcalde local de Usme. En un comunicado oficial, el Distrito afirmó que todas las actuaciones se ajustaron al marco legal vigente, reforzando los principios de legalidad, transparencia y moralidad administrativa.

El proceso comenzó en febrero de 2024, tras emitirse la Circular 002, y avanzó con múltiples etapas: calificación de candidatos, emisión de ternas y entrevistas. La publicación de hojas de vida, incluida la de la aspirante Leidy Marcela Pinilla, desató observaciones ciudadanas relacionadas con el requisito de arraigo. Esto llevó a la revisión documental y a una solicitud de reconsideración antes de que la Junta Administradora Local ratificara su propuesta el 7 de marzo.

Otros causales de demora incluyeron la falta de aspirantes que alcanzaran la puntuación mínima en el examen de conocimiento, lo que provocó la emisión de la Circular 017 para reiniciar el proceso. Además, el Juzgado 23 Civil negó una tutela presentada por un ciudadano y ratificó la obligación de verificar requisitos antes de proceder con la designación.

El alcalde Galán reiteró su disposición para colaborar con la investigación de la Procuraduría. Subrayó que el Distrito actuó dentro de los plazos permitidos por la normativa y que no se violentó ningún derecho ciudadano. Aseguró que el fin último es garantizar que Usme cuente con una autoridad local legítima y con perfil idóneo.

En paralelo, la administración aseguró que agotó los tiempos legales y brindó todas las garantías de objetividad e imparcialidad. Ahora, con el proceso en su etapa final, se espera la designación oficial del alcalde local de Usme, completando así una vacante que permaneció abierta por más de un año.

Este episodio, además de visibilizar las complejidades técnicas y jurídicas de las elecciones locales, cuestiona la agilidad con la que la administración local maneja los requisitos técnicos, normativos y sociales previos a cada designación.