Alerta en Antioquia por incremento de violencia contra mujeres transgénero

El reciente asesinato de Sara Millerey en Antioquia encendió las alarmas sobre la creciente violencia hacia la población LGBTIQ+ en Colombia, especialmente contra mujeres transgénero.

La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín Ortiz, destacó que Antioquia se posiciona como el departamento con mayor número de homicidios de personas LGBTIQ+ en lo que va del 2025, registrando cinco casos en enero.

A finales de marzo, se reportó el caso de una mujer trans indígena que fue decapitada en una finca de la vereda California, en el municipio de Andes, al suroeste de Antioquia. La víctima fue atacada con un arma cortopunzante, y su cabeza fue encontrada a unos 100 metros de su cuerpo.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2024 se atendieron 258 casos de violencia por prejuicio contra personas transgénero y no binarias, lo que representa un incremento del 29.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante este tiempo, se registraron 26 asesinatos de personas transgénero, equivalentes a un promedio de dos muertes por mes.

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la falta de reconocimiento adecuado de las víctimas por parte de las autoridades locales. En el caso de Sara Millerey, la Alcaldía de Bello se refirió a ella utilizando el nombre que aparecía en su documento de identidad, en lugar de su nombre identitario. Ante esto, la Defensoría asumirá la representación legal de la madre de Sara y solicitará que el caso sea tratado como feminicidio, en lugar de homicidio.

La entidad también instó al Estado a reforzar las políticas de protección para la población trans, incluyendo recursos técnicos y económicos para implementar medidas como el CONPES-LGBTIQ+ y acelerar la actualización de la Política Pública Nacional LGBTI. Además, se ha solicitado la puesta en marcha del “Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+” para garantizar una protección efectiva de los derechos de esta comunidad.