Así fue el proceso de licitación de pasaportes que inició Álvaro Leyva y que luego suspendió Luis Gilberto Murillo

El proceso para definir quién produce los pasaportes en Colombia ha estado marcado por decisiones polémicas, enfrentamientos institucionales y una transición compleja entre dos cancilleres: Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo. Todo esto en medio del interés del presidente Gustavo Petro por evitar que la empresa Thomas Greg & Sons continúe a cargo del contrato.

Uno de los capítulos menos visibilizados de esta controversia ocurrió en la Cancillería, durante el cambio de mando entre Leyva y Murillo. Mientras Leyva ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, acató la directriz del presidente Petro de evitar que Thomas Greg ganara la licitación para la producción de pasaportes. Como resultado, el proceso fue declarado desierto, decisión que posteriormente llevó a la Procuraduría a sancionar a Leyva con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos.

Antes de su salida, Leyva lanzó una nueva convocatoria: la licitación 003 de 2023, con la intención de garantizar una competencia abierta. Mientras tanto, se estableció una urgencia manifiesta que permitió prorrogar temporalmente el contrato con Thomas Greg & Sons por un año, mientras avanzaba el nuevo proceso. Esta medida fue monitoreada por entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

No obstante, con la llegada de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado, la dinámica cambió. El 23 de febrero de 2024, Murillo suspendió oficialmente la licitación argumentando que era necesario revisar más de 550 observaciones presentadas por 19 proponentes.

“El 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido, el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”, explicó días después.

Críticos del manejo de Murillo aseguran que, si el proceso no se hubiese interrumpido, ya se habría adjudicado el nuevo contrato, posiblemente evitando la actual incertidumbre. Se esperaba que la adjudicación se hiciera en abril de 2024.

La situación se complicó aún más cuando, tras varios meses de aparente inactividad, Murillo presentó en septiembre de 2024 un nuevo modelo de cooperación con Portugal. Sin embargo, en enero de 2025 renunció a la Cancillería, dejando el acuerdo en fase inicial.

En medio de esa transición, Laura Sarabia, también excanciller, criticó la actuación de Murillo:

“Si todo estaba listo, como afirma el candidato (Murillo), lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales”, manifestó.

Álvaro Leyva defendió sus decisiones en torno al proceso licitatorio, señalando que la orden directa del presidente fue clara:

“Petro me dijo: ‘Cero con Thomas Greg & Sons’. Le dije: ‘Presidente, eso no es así, tiene que haber argumentos jurídicos’”, recordó.

Leyva aseguró que su intención al declarar desierta la licitación anterior no fue obedecer ciegamente una instrucción presidencial, sino evitar que el proceso favoreciera a un único oferente. Según él, el diseño inicial parecía hecho “a la medida” de Thomas Greg & Sons y no garantizaba pluralidad.

“La declaré desierta y abrí otra licitación inmediatamente. Se hizo una convocatoria a ver quién aspiraba. Aparecieron entre 19 y 22. Se habría adjudicado de no haber sido interrumpida esa licitación. La interrumpió Murillo (...) Entonces, se inventaron no sé qué con Portugal. No es problema mío, pero tengo entendido que eso se lo entregaron al pastor”, afirmó.

Leyva también invocó el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 para señalar que las resoluciones que firmó como ministro siguen teniendo presunción de legalidad mientras no sean anuladas jurídicamente.

Actualmente, Colombia enfrenta un panorama incierto respecto a la producción de pasaportes. Se espera que a partir del 1 de septiembre entre en funcionamiento un nuevo modelo en alianza con Portugal, pero aún persisten dudas sobre la viabilidad, los tiempos y los responsables de asumir la operación.