Cathy Juvinao arremete contra Petro por decreto de consulta popular: “¡QUÉ VERGUENZA!”

El Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular tras el rechazo del Senado a su reforma laboral, ha encendido una fuerte polémica en el ámbito político colombiano. Una de las reacciones más críticas provino de la representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo, quien no escatimó palabras al calificar la decisión del mandatario como una “vergüenza”.

Juvinao se sumó así a una serie de pronunciamientos que se han dado desde diferentes sectores, incluido el del expresidente César Gaviria Trujillo, quien también expresó su desacuerdo con la medida presidencial. Gaviria, uno de los arquitectos de la Constitución de 1991, advirtió que la convocatoria a consulta vulnera la Carta Magna. “Con este decreto, el presidente y los ministros que lo firmaron atropellan al Senado, se arrogan facultades de la administración de justicia, y pretenden suspender la aplicación de la Constitución desde hoy hasta el 7 de agosto”, señaló.

Frente a las críticas del exmandatario, el presidente Petro respondió públicamente en su cuenta de X, asegurando que su decreto emplea los mismos fundamentos y lenguaje que utilizó Gaviria cuando convocó la Asamblea Nacional Constituyente en 1990. “Es precisamente letra a letra con los mismos argumentos y palabras con los que el expresidente César Gaviria presentó su decreto para convocar la asamblea nacional constituyente, los que hemos puesto en el decreto de convocatoria de la Consulta Popular”, escribió el jefe de Estado.

Sin embargo, la representante Juvinao refutó esa comparación histórica, marcando distancia entre ambos contextos. “A ver: el decreto de Gaviria se dio bajo la Constitución de 1886”, afirmó, y agregó: “Ahora tenemos la Constitución de 1991, que el M-19 ayudó a construir y que ahora usted traiciona y quiere destruir”. La congresista remató con una crítica contundente al presidente: “Usted no es capaz ni de honrar su pasado revolucionario ni sus compromisos. ¡QUÉ VERGÜENZA!”.

El decreto presidencial ha generado inquietudes adicionales debido a que no fue firmado por todos los ministros titulares. Entre los ausentes están la canciller Laura Sarabia, el ministro de Minas Edwin Palma y la ministra de Ambiente Lena Estrada, quienes, según informó el Gobierno, se encontraban en comisión oficial fuera del país. No obstante, se ha especulado que su ausencia también podría estar relacionada con “dudas jurídicas” respecto a la legalidad del acto.

En sus lugares, firmaron funcionarios encargados: la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio por Sarabia, José Luciano Sanín —presidente (e) de la Agencia Nacional Minera— por Palma, y Christian David Díaz por Estrada. Llama también la atención que la firma del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no aparece; en su lugar, lo hizo el abogado Augusto Ocampo, quien actuaba como ministro encargado antes del nombramiento oficial de Montealegre.

El decreto sustenta su legalidad argumentando que la votación del 14 de mayo en el Senado, en la que se rechazó la consulta, fue irregular. Según el documento, “una votación en el Congreso solo puede considerarse válida si permite hacerlo a todos sus integrantes”, y señala que el presidente del Senado cerró la sesión de forma “arbitraria e irrazonable”, excluyendo a senadores que habían sido registrados como presentes. Para el Ejecutivo, esto “vició de manifiesta inconstitucionalidad la decisión adoptada”.

El acto ha sido interpretado por sectores opositores como una medida que podría rozar el autoritarismo, incluso con señalamientos de “golpe institucional”, en tanto busca imponer un camino político que ya había sido rechazado por el Legislativo. La controversia sigue escalando mientras se aproximan nuevos debates legales y políticos sobre la constitucionalidad del decreto y sus implicaciones para la democracia colombiana.