La percepción de corrupción en Colombia continúa siendo una preocupación destacada, según el reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia por Colombia. En este índice, el país obtuvo 39 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 92 de 180 países, retrocediendo cinco posiciones con respecto al año anterior.
El director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, analizó los resultados y afirmó que, a pesar de las promesas del presidente Gustavo Petro sobre la lucha contra la corrupción, su administración no ha logrado consolidar este tema como una prioridad estratégica. La administración, indicó, se ha visto opacada por escándalos como el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Por su parte, el politólogo Alejandro Echeverry señaló que estos casos han socavado la confianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que refleja una problemática estructural. Echeverry también subrayó que ciertos sectores políticos y económicos tienen un control sobre el sistema administrativo, lo que impide que los órganos como la Contraloría, la Personería o la Procuraduría funcionen adecuadamente.
Para enfrentar esta situación, ambos expertos coinciden en la necesidad de una reforma profunda al sistema político y administrativo. Echeverry destacó que estas reformas no deben provenir de las mismas instituciones que actualmente están comprometidas por actores políticos. En su lugar, abogó por un empoderamiento ciudadano que exija cambios sustanciales.
El informe también subraya que, si bien en años anteriores hubo señales de mejora en el índice de percepción, el resultado de 2024 refleja un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Según Transparencia por Colombia, la corrupción sigue siendo considerada como el principal problema del país, y se espera que continúe siendo un tema central en la agenda pública durante 2025.
En este contexto, el informe advierte que las investigaciones en curso sobre grandes escándalos pondrán a prueba la capacidad del sistema judicial. Asimismo, la figura del nuevo Procurador General de la Nación será clave para recuperar la confianza en las instituciones, dado su rol en la lucha anticorrupción. El Congreso también tomará protagonismo en este proceso, especialmente en el debate sobre la ley que definirá las funciones entre la Nación y los territorios tras la reforma al Sistema General de Participaciones.
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, concluyó que 2025 será un año decisivo para determinar si las instituciones y la sociedad civil están listas para exigir y lograr un cambio real en la lucha contra la corrupción.