En su intervención ante el Consejo de Ministros el 24 de junio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el Gobierno implementará en marzo de 2026 una papeleta adicional en las elecciones parlamentarias. En ella, los colombianos podrán votar “sí” o “no” a la apertura de un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
Montealegre defendió la propuesta como un "hecho político" necesario para abordar transformaciones sociales no resueltas por la Constitución de 1991. Señaló que su control institucional será cuidadoso: si gana el "sí", corresponderá al siguiente Congreso promulgar la ley que formalice y regule la convocatoria, según el mecanismo previsto en el artículo 376 constitucional.
El anuncio llega después de que el Gobierno decidiera retirar el decreto que promovía una consulta popular, tras la aprobación de la reforma laboral en junio. Petro y Montealegre optaron por este nuevo mecanismo para legitimar una Asamblea Constituyente sin enfrentar impedimentos legales actuales.
La propuesta ha desatado un intenso debate político. Mientras el Ejecutivo destaca su potencial para profundizar la igualdad, solidaridad y justicia social, críticos advierten riesgos institucionales. Expertos constitucionales subrayan que el Congreso ya tiene herramientas legales para reformar, sin necesidad de un cambio total de la Carta Magna.
Esta papeleta consultiva, denominada “octava papeleta”, se inspira en procesos previos como la séptima papeleta de 1989, que impulsó la Constituyente de 1991. No obstante, los analistas advierten que el diseño enfrenta límites constitucionales: solo una ley aprobada por el Congreso puede establecer formalmente una Asamblea Constituyente.
El presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia colocan una nueva apuesta política en la agenda nacional y abren un pulso institucional que marcará la discusión pública hasta las elecciones de marzo de 2026.