El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, admitió haber sentido “indignación” al estar presente este sábado 21 de junio en la tarima central del evento Paz Urbana celebrado en la Plaza de La Alpujarra de Medellín, donde compartió escenario con cabecillas de la organización criminal conocida como La Oficina de Envigado. Aunque el acto fue convocado por el presidente Gustavo Petro como parte de una estrategia de sometimiento de bandas, la presencia de exjefes criminales generó amplio rechazo nacional.
Durante una entrevista, Sánchez declaró que, como ministro, su rol no es negociar con grupos criminales, sino “aplicar la ley” con toda su fuerza. Señaló que, a pesar de la incomodidad personal al encontrarse junto a criminales, su misión es enviar un mensaje claro: quien elija desarmarse debe acogerse al marco legal, mientras que quienes se opongan “serán capturados o abatidos si resisten”.
El evento, promovido por el Gobierno nacional bajo la estrategia de Paz Total, incluyó a líderes delictivos como alias “Douglas”, “Vallejo”, “Tom” y “El Tigre”, trasladados desde la cárcel de Itagüí. El objetivo del acto fue formalizar el sometimiento a la justicia a cambio de beneficios jurídicos, dentro de un proceso que según el Gobierno busca disminuir la violencia urbana.
Analistas y sectores locales criticaron la visibilidad pública otorgada a quienes cometieron masacres, homicidios y extorsiones, calificando el hecho como una provocación y advirtiendo que no debe interpretarse como legitimación. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, preguntó qué mensaje se envía a la ciudadanía al elevar a estos criminales a un lugar destacado en un acto público.
Por su parte, el Presidente Petro defendió el formato, argumentando que no se trató de glorificación, sino de un gesto simbólico para incitar el sometimiento total de las bandas. Aseguró que las cabezas criminales presentes fueron presentadas como personas en proceso de rehabilitación, siempre y cuando cumplan con dejar las armas y dejar de asesinar a la juventud de barrios como Medellín.
El ministro Sánchez reconoció que comprender este tipo de procesos puede generar “impacto” en la población, pero reiteró que su presencia no equivale a respaldo. Subrayó que la Fuerza Pública se mantiene firme en su misión, y que la bandera que él mismo entregó en escenarios anteriores representa el compromiso en defensa de los colombianos, como lo hizo su hermano, fallecido en acto de servicio.
Con el caso sobre la mesa, el debate se profundiza sobre el balance entre negociaciones públicas con criminales y la autoridad institucional. En este contexto, el ministro insistió en separar lo simbólico de lo operativo, afirmando que el Estado “no descansará hasta recuperar la seguridad” y advirtiendo que no habrá vacilación al aplicar la ley a quienes se nieguen al sometimiento.