El excanciller Luis Gilberto Murillo desmintió a la canciller Laura Sarabia al asegurar que, desde el 23 de enero tras su renuncia voluntaria, se llevaron a cabo casi 14 reuniones formales de empalme, contradictorio con la versión oficial que negaba dicho proceso.
Murillo explicó que cinco de esas reuniones se centraron específicamente en el tema de pasaportes, parte de un total de 30 anexos entregados durante la transición, de los cuales tres eran exclusivos sobre ese asunto. Aseguró que se contestaron las ocho preguntas que Sarabia le envió como parte del procedimiento, con revisión y respaldo de Presidencia, ya que el pasaporte se consideraba un área prioritaria ante la crisis migratoria.
El exdiplomático señaló que manifestó en septiembre su intención de retirarse y se acordó una salida en febrero, aunque se le pidió permanecer para atender emergencias externas, como la evolución de la situación en Venezuela y tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Precisó que su equipo entregó los informes el domingo previo a los incidentes con EE. UU., mientras él finalizaba sus labores de empalme.
Murillo insistió en que no “salió corriendo hacia una candidatura” y que permaneció disponible para aclaraciones incluso después de su salida oficial. Asimismo, señaló que la relación con Sarabia pasó de cordial a tensa en los últimos días, pese a los procesos institucionales realizados para garantizar la continuidad de la Cancillería.
El contrato de pasaportes, en especial el acuerdo de cooperación con la Imprenta Nacional, estaba encaminado hacia una transferencia gradual desde septiembre. Murillo explicó que se firmarían contratos complementarios según etapas y sin necesidad de vigencias futuras por tratarse de un régimen especial, con respaldo legal y revisión minuciosa durante el empalme.
Este cruce de versiones encendió el debate sobre la transparencia en los procesos de transición de altos cargos y el manejo del polémico contrato de pasaportes. El excanciller exige que se reconozca la evidencia documental del empalme y cuestiona si la versión actual intenta ocultar esa entrega formal y estructurada de información clave.
Con este pronunciamiento, Murillo busca dejar constancia de que la entrega de funciones y responsabilidades fue ordenada y documentada, y apunta directamente a la necesidad de claridad en la versión oficial que niega el empalme, aún cuando los registros respaldan lo contrario.