Gloria Milena Álvarez Quinchía, una trabajadora de un hotel en Medellín, aceptó su culpabilidad en una red de tráfico de migrantes, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. A través de un preacuerdo, se determinó que Álvarez Quinchía ofrecía alojamiento a extranjeros que transitaban ilegalmente por Colombia con el objetivo de llegar al Golfo de Urabá.
Un juez penal especializado aprobó el acuerdo judicial, imponiendo a la acusada una condena de cuatro años y dos meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Además, le fue impuesta una multa equivalente a 1.383 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 50 meses.
La investigación, llevada a cabo por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, reveló que la mujer había alojado en varias ocasiones a ciudadanos cubanos, quienes posteriormente eran trasladados por tierra a Capurganá y luego enviados en lanchas rápidas hacia Panamá para continuar su viaje a Estados Unidos.
Álvarez Quinchía había sido arrestada junto a otras diez personas en mayo de 2022 y, en su momento, fue imputada, recibiendo una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.