El Senado de Colombia aprobó por 59 votos a favor el informe de conciliación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca incrementar los recursos transferidos por la Nación a los departamentos y municipios. El texto ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes el martes pasado.
Con esta reforma, las transferencias pasarán de manera gradual del 23,8% al 39,5%, lo que representa un aumento significativo en los recursos destinados a las regiones. No obstante, su implementación dependerá de la aprobación de una ley de competencias que defina las funciones del gobierno central que serán transferidas a las regiones.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien promovió la iniciativa desde antes de asumir su cargo, expresó su agradecimiento al Congreso por respaldar la reforma, destacando que se trató de un consenso amplio entre diversas fuerzas políticas, algo poco frecuente en el actual Congreso. "Hoy, el Congreso ha dado un paso fundamental, quizás uno de los más importantes en las últimas décadas", señaló el ministro durante su intervención.
Cristo también mencionó que ya se está trabajando en los textos iniciales de la ley de competencias, que será presentada próximamente al Congreso, así como en la modificación de la ley de ordenamiento territorial y en una posible reforma tributaria territorial para fortalecer la capacidad fiscal de los municipios y departamentos.
El proyecto contó con el apoyo de los gobernadores, como lo destacó Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, quien destacó el trabajo conjunto de los mandatarios regionales. "Este logro es fruto del esfuerzo de todos los congresistas de las regiones de Colombia", afirmó Amaya. Por su parte, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, señaló que la reforma representa un cambio histórico para el país. "Los municipios y departamentos han sido relegados durante décadas. La centralización ha generado profundas desigualdades", afirmó Verano.
Sin embargo, la reforma ha recibido algunas críticas, especialmente por parte del Banco de la República, que advirtió sobre posibles efectos negativos para la economía del país. Según el Banco, la reforma podría causar una caída del PIB de hasta un 12%, una reducción del consumo privado en un 18%, y una disminución de las importaciones e inversiones privadas en 28% y 34%, respectivamente. Además, alertaron sobre un posible aumento de la deuda pública, que podría subir del 55% al 83% del PIB.