La Contraloría General de la República de Colombia identificó 46 hallazgos administrativos en relación con obras del sistema carcelario, de los cuales 26 presentan presunta connotación disciplinaria y 11 con presunta incidencia fiscal por un valor de $5.781.544.859. Además, se han detectado 12 incidencias que serán remitidas a las autoridades competentes para su trámite y jurisdicción.
Estos hallazgos fueron detectados durante una Actuación Especial enfocada en el acompañamiento a la terminación y entrega de seis pabellones en establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. La Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría evaluó los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) relacionados con infraestructura física en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Girón (Palogordo), Barranquilla (El Bosque), Cartagena (La Ternera), Santa Marta, CPAMS Itagüí (La Paz), Bogotá (La Modelo) y Valledupar (Tramacúa), con el fin de emitir concepto sobre su cumplimiento y la gestión de los recursos utilizados.
La Contraloría señaló que estos hallazgos reflejan deficiencias en la administración de los recursos destinados a la construcción y ampliación de infraestructura carcelaria, lo que podría afectar la calidad y seguridad de los establecimientos penitenciarios en el país. Se destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la ejecución de proyectos de infraestructura en el sistema carcelario para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Estos hallazgos se suman a una serie de irregularidades previamente identificadas en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. En 2021, la Contraloría General de la República realizó una auditoría que reveló 223 hallazgos administrativos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a la USPEC, evidenciando serias falencias administrativas y dificultades financieras que afectan la gestión de ambas entidades en las diferentes cárceles del país.
La Contraloría General de la República instó a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para corregir estas irregularidades y garantizar la correcta utilización de los recursos destinados al sistema carcelario, con el fin de mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios y asegurar la seguridad y rehabilitación de los internos.