Controversia por Decreto de Conmoción Interior en el Catatumbo: ANDI solicita su inconstitucionalidad

El Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, que declara el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar, ha generado un intenso debate en Colombia. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del decreto, argumentando que el gobierno no ha justificado adecuadamente la necesidad de medidas extraordinarias y que no se han emitido decretos que fortalezcan el control en la región.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó que no hay evidencia de que las herramientas actuales sean insuficientes ni claridad sobre las acciones que se adoptarían bajo el estado de excepción. Además, señaló que problemas similares se presentan en otras regiones del país, como el Cauca, Arauca, el sur de Bolívar y Chocó, y que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, educación y salud de la población sin recurrir a medidas extraordinarias.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió la medida, afirmando que busca llevar recursos extraordinarios a la región del Catatumbo para atender la crisis humanitaria. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Petro cuestionó la postura de la ANDI, insinuando que su oposición podría estar motivada por intereses económicos, como evitar impuestos transitorios a los juegos de suerte y azar, incluso si ello implica debilitar la presencia estatal en la frontera.

El Decreto 0062 de 2025 establece que el estado de conmoción interior tendrá una duración de 90 días y permite al Gobierno Nacional tomar medidas extraordinarias para restablecer el orden público en las zonas afectadas. La Corte Constitucional deberá ahora evaluar la legalidad y viabilidad del decreto, considerando los argumentos presentados por la ANDI y el Ejecutivo.

La situación en el Catatumbo ha sido crítica en los últimos meses, con enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han dejado decenas de muertos y miles de desplazados. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la escalada de violencia y la crisis humanitaria en la región.

Mientras tanto, la población de las zonas afectadas espera que las autoridades implementen soluciones efectivas que garanticen su seguridad y bienestar, en medio de la controversia generada por la declaratoria del estado de conmoción interior.