Corte Suprema de Justicia llama a juicio a Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade

La Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio al jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Armando Benedetti, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción relacionado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). De acuerdo con el alto tribunal, existen indicios de que el exsenador habría influido en la adjudicación irregular de contratos dentro de la entidad, beneficiando a terceros.

El caso involucra a otros excongresistas como Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quienes ya fueron condenados por irregularidades en la asignación de contratos. Según la investigación, Benedetti, en su calidad de senador entre 2016 y 2017, habría ejercido presiones para favorecer a la empresa Certicámara S.A. con un contrato de 1.065 millones de pesos. Así lo aseguró el testigo clave del proceso, Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, quien incluyó a Benedetti en su matriz de colaboración.

La decisión de la Corte Suprema se produce tras meses de investigación en los que se evaluaron las declaraciones de testigos y pruebas documentales que vincularían a Benedetti con este entramado de corrupción. En marzo de 2024, el alto tribunal determinó que el exsenador debía seguir bajo investigación, pues los hechos por los cuales se le acusa ocurrieron mientras ejercía como congresista, lo que le otorgó competencia a la Corte para llevar el caso. En esa ocasión, el tribunal permitió que Benedetti continuara el proceso en libertad.

De ser hallado culpable, Benedetti enfrentaría una pena de entre cinco y doce años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Esta situación representa un golpe político significativo para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha respaldado públicamente a su jefe de Despacho en medio de las acusaciones.

El juicio contra Benedetti se suma a una serie de investigaciones sobre corrupción en Fonade, una entidad que ha sido señalada en múltiples ocasiones por manejos irregulares en la adjudicación de contratos. A medida que avanza el proceso judicial, la expectativa crece sobre el impacto que este caso podría tener en el ámbito político colombiano.