El Senado de la República mantiene hoy su posición frontal contra el decreto presidencial que convoca una consulta popular sobre la reforma laboral, alegando que el Ejecutivo estaría extrayendo sus funciones sin respaldo constitucional.
Este rechazo fortalece una tensa crisis institucional entre el Congreso y la Presidencia, iniciada el 3 de junio cuando el presidente Petro ordenó un decreto que buscaría saltarse el trámite parlamentario como mecanismo de participación ciudadana.
Según la Constitución, solo el Congreso puede legislar sobre normas laborales, por lo cual senadores como Efraín Cepeda se han pronunciado denunciando un "golpe a la institucionalidad" y sugiriendo que el decreto constituye una forma de autoritarismo.
A tal efecto, los órganos de control, incluyendo la Procuraduría y el Consejo Gremial, han anunciado que presentarán acciones jurídicas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para declarar la nulidad del decreto.
El Gobierno sostiene que la consulta popular es una herramienta democrática y válida, y confía en que superará los filtros del Consejo de Estado para realizarse el 7 de agosto como fue anunciado.
Mientras tanto, la Corte definirá en días si admite las tutelas presentadas por el Senado, lo que podría llevar a un choq