Se abrió un proceso disciplinario por presuntas fallas en la expedición de 18 licencias de funcionamiento a empresas de vigilancia privada con operaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Yopal, Bello y Zipaquirá. La revisión apunta a irregularidades en los esquemas de seguridad aprobados y la ausencia de registros documentales en las plataformas oficiales.
Entre los aspectos analizados figura la certificación de ocho empresas por parte de una contadora que, al mismo tiempo, trabajaba como contratista para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta doble condición plantea dudas sobre la imparcialidad del proceso.
El caso involucra a seis exintegrantes de esa entidad, incluidos cargos de supervisión, asesoría técnica y contratación. Las acciones bajo análisis abarcan desde la validación de condiciones operativas hasta el cumplimiento de los requisitos administrativos.
La investigación busca determinar si hubo faltas disciplinarias, así como establecer si los implicados actuaron con responsabilidad o bajo alguna causa que excluya sanción. El foco está en el proceso de autorización y la trazabilidad de la información que respalda cada licencia. Esta información fue confirmada en el comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación, donde se detallan los alcances del proceso abierto y los perfiles involucrados.